“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado” (Declaración universal de los derechos humanos, articulo 25)

Posted on febrero 21, 2011. Filed under: Seguridad Social |

Bárbara Lira – @BSLira

Algunos servicios se consideran tan importantes, que todos los ciudadanos deberían tener acceso a ellos independientemente de su nivel de ingresos. Para garantizar la oferta universal de esos servicios básicos, el Estado suele participar en la provisión de los mismos, ya sea indirectamente mediante subsidios a entes privados y regulaciones, o directamente a través de instituciones y empresas estatales a cargo de la provisión de servicios públicos.

La Constitución venezolana establece que el Estado, junto a los ciudadanos, debe garantizar que se cumplan el derecho a la vivienda, la salud, la educación, la seguridad social, el acceso a medios de comunicación, el deporte y la recreación. Además, entre las competencias del Poder Público están los regímenes de correo y de servicios domiciliarios (electricidad, agua potable y gas), así como de la ordenación del tránsito de vehículos, los servicios de transporte público de pasajeros, el aseo urbano, el alcantarillado y los cementerios y servicios funerarios.

El rango de servicios que el Estado debe garantizar es bastante amplio, así que empecemos por definir el ámbito en el que enfocaremos el análisis: los servicios públicos domiciliarios. Según el proyecto de ley orgánica de servicios públicos presentado en la Asamblea Nacional en 2010, estos servicios incluyen: agua potable, saneamiento y alcantarillado, electricidad, gas doméstico, manejo de residuos y desechos sólidos, telefonía fija básica y  servicio postal.

Algunos rasgos en común

La oferta de muchos de los servicios domiciliarios ha estado tradicionalmente en manos del Estado, ya sea como competencia de algún nivel del Poder Ejecutivo (el alcantarillado es competencia de los municipios, por ejemplo) o mediante alguna  empresa proveedora estatal, como en los casos de Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas o Cantv. Aunque no es nueva la provisión estatal de estos servicios, resalta la tendencia reciente a incrementar la concentración de servicios en manos del Estado; algunas evidencias son la nacionalización de Cantv y del sector eléctrico en 2007, o la compra de las empresas Tropigas y Venegas (principales distribuidoras de gas doméstico en el país) por parte de Pdvsa en ese mismo año.

Por otro lado, facilitar el acceso de la mayor parte de la población a estos servicios suele conducir al gobierno a regular las tarifas. Las tarifas del agua potable, la electricidad y el precio de las bombonas de gas, por ejemplo, están fijadas por el Estado. Los ajustes no siempre se realizan de manera oportuna y acorde a las variaciones de los costos (particularmente en una economía inflacionaria), por lo que la disponibilidad de recursos de las empresas es limitada. Muchas inversiones importantes dependen ampliamente de la disponibilidad del Ejecutivo Nacional para financiarlas.

La provisión de servicios a usuarios no registrados, los cambios de autoridades y la participación de nuevos actores -como los Consejos Comunales-, son también características comunes en el ordenamiento reciente de los servicios públicos.

Otro rasgo compartido entre los servicios públicos domiciliarios, es que presentan algunas deficiencias en su funcionamiento, ya sea en calidad o cobertura. Por ejemplo: se estima que el servicio de agua potable es insuficiente en gran parte de los municipios del país, a pesar de que se reportan altos porcentajes de acceso al servicio (91% de la población en 2008, según Hidroven); la irregularidad en el servicio de recolección de basura suele encontrarse entre los principales problemas percibidos en las comunidades; la capacidad de generación y transmisión eléctrica demostró ser insuficiente cuando en 2010 el país se vio en la necesidad de implementar un severo plan de racionamiento para mantener el suministro de la nación; se han registrado episodios de escasez de bombonas de gas; y cabe preguntarse si se hubiesen atenuado los daños ocasionados por las lluvias de finales de 2010 si se hubiese contado con un mejor sistema de drenaje.

Describir la situación actual de los servicios públicos nos permitirá identificar cuáles son los problemas que queremos resolver y los aspectos que queremos mejorar. Exploraremos también las posibles causas a las que se pueden atribuir las fallas en los servicios: más allá de elementos como la falta de inversión, la sequía o la desidia, analizaremos el marco en el que los actores participantes -usuarios, entes reguladores, empresas públicas y privadas- deciden, por ejemplo,  no invertir. El análisis de las causas de las fallas suele dar pistas clave para la solución de los problemas. Partiendo de allí construiremos propuestas capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos.

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